La instauración de políticas de uso de dispositivos digitales en empresas son necesarias.

Eric Clemente, Noelia González

Ante una más que avanzada era digital, y su impacto en el marco empresarial, resulta cada vez más frecuente la instauración de políticas corporativas de utilización de dispositivos por parte de las empresas, protocolos de uso y limitación de dichas herramientas digitales. Todo ello pretende proteger y gestionar los recursos utilizados por parte de las personas trabajadoras.

Asimismo, ello resulta especialmente imprescindible desde una vertiente laboral, debiendo tener en cuenta dos puntos importantes: i) el blindaje y protección de los datos, herramientas y equipos de carácter digital, y ii) el control y limitaciones, cuyas infracciones pueden dar lugar a la aplicación del régimen disciplinario, sanciones y despidos, correspondiente en el ámbito laboral.

Debemos tener en cuenta que, la ausencia de la regulación, y la falta de protocolos empresariales del uso de las herramientas digitales propias de cada actividad, , imposibilitan jurídicamente las acciones intervencionistas de ámbito empresarial, situándonos en un entorno desprotegido frente al fraude contractual. Ello, nos afecta de forma directa en la gestión de relaciones laborales en las que medie trabajo a distancia, uso de equipos informáticos, cuentas de correo corporativo, dispositivos móviles, uso de Internet, monitorización de equipos, geolocalización, entre otros directamente relacionados con el mundo digital.

Además de lo anterior, no solamente resulta imprescindible la formulación de dichos protocolos de uso, sino que, en el escenario de instauración, se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de febrero de 2024, declarando que la política corporativa de utilización de dispositivos es nula si se impone sin negociación efectiva con la representación legal de las personas trabajadoras. Entendiendo que, dicha imposición unilateral vulnera las garantías básicas de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Y así fue declarado en el caso enjuiciado en el que se pretendía dicha regulación digital.

Además de la necesidad de implantación de las precitadas políticas digitales, elemento fundamental para la regulación y limitación de uso digitalizado de las herramientas empresariales, deberán negociarse de forma efectiva con la representación legal de las personas trabajadoras. Siendo claro por tanto el pronunciamiento de TS, el cual requiere la participación de la RLT como elemento obligatorio y fundamental en el marco aplicativo de cualquier política digital, tanto en su vertiente inicial como en su vertiente modificativa.

En BPV Abogados tenemos un departamento especializado en derecho laboral y en derecho digital, por lo que ponemos a su disposición todos los conocimientos y criterios legales para la adecuada preparación de su política de sistemas y protocolos de uso de herramientas digitales, analizando en cada caso concreto las necesidades y limitaciones para su viabilidad.