Para cumplir con la obligación que establece la Unión Europea, el pasado 20 de febrero se publicó la ley que regula la protección de las personas que alerten sobre infracciones normativas o sobre casos de corrupción. El objetivo es evitar las represalias que puedan sufrir las personas, que detecten infracciones graves y las comuniquen mediante los mecanismos establecidos.
La cuestión tiene una repercusión inmediata para las empresas, pues deberán implantar un sistema interno de información para canalizar todas las denuncias de posibles incumplimientos: no solo las de los propios trabajadores, sino incluso las denuncias realizadas por terceros ajenos a empresa. En materia laboral se protegerá a los trabajadores que informen sobre infracciones en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo.
La medida afectará a las empresas con más de 50 trabajadores, y algunas otras actividades muy específicas, que, sin alcanzar el número de trabajadores anterior, deberán de disponer de un sistema interno de información. También se aplicará a la administración pública, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, o fundaciones con financiación pública.
La ley permitirá la externalización del sistema interno de información a un tercero externo, que cumpla con diversos requisitos legales de independencia, confidencialidad y protección de datos.
Otro elemento novedoso es la posibilidad de las denuncias anónimas, con el mismo trámite e igual trato que las que no lo son. Y se podrán hacer de forma verbal, por escrito o por medios telemáticos.
Se establece expresamente una prohibición de represalias empresariales, (incluidas las amenazas) para todas aquellas denuncias veraces, como pueden ser la extinción de la relación laboral, la imposición de sanciones, o cualquier modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
El incumplimiento de esta nueva normativa para las empresas puede conllevar multas de hasta los 100.000 euros para las infracciones leves, y de hasta 1.000.000 de euros para las infracciones muy graves.
Será un reto para las empresas el implementar este nuevo sistema de información interno (canal de denuncias), que se suma a la multitud de regulaciones que han de cumplimentar las empresa; pero bien utilizada puede convertirse en una nueva herramienta muy útil tanto para los trabajadores como para las empresas: los trabajadores tendrán un canal que les ofrecerá una protección y seguridad hasta ahora inexistentes; y las empresas pueden ver reducido el número de falsas denuncias que se producen cuando se termina la relación laboral, como sucedía hasta ahora dada la dificultad de acreditar que no se habían producido las supuestas infracciones denunciadas.
