La Controversia del Impuesto sobre el Patrimonio: Análisis y Previsiones Legales

Andrea Fontova

La Controversia del Impuesto sobre el Patrimonio: Análisis y Previsiones Legales

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Este artículo introduce una modificación significativa en el Impuesto sobre el Patrimonio, específicamente en el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio que rige este impuesto en España.

La modificación más destacada consiste en el aumento del tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio, que pasa del 2,5% al 3,5%. Asimismo, con esta modificación se pretende convertir el Impuesto sobre el Patrimonio, considerado hasta la fecha como un Impuesto de carácter temporal, en un impuesto con carácter indefinido.

Ambas modificaciones se cuestionaron en gran medida. En primer lugar, el aumento del tipo máximo del 3,5% supone gravar de manera excesiva la riqueza imponible de los contribuyentes o incluso situaciones de capacidad económica ficticia o inexistente, teniendo en cuenta la incapacidad de generar rendimientos de ciertos patrimonios. Esto obliga a los contribuyentes a practicar una liquidación, lo que reduce su patrimonio personal y plantea el debate de la inconstitucionalidad al vulnerar el artículo 31 de la Constitución Española, que establece el principio de capacidad económica como base de la tributación.

En segundo lugar, se argumenta que la modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para convertir el Impuesto sobre el Patrimonio en indefinido equivale a crear un nuevo tributo, lo cual atenta contra el artículo 134.7 de la Constitución, que establece que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos, sino solo modificarlos cuando una ley sustantiva lo prevea.

Consecuencias de la Declaración de Inconstitucionalidad

  1. Modificación de la tarifa del impuesto: Si se declara inconstitucional, afectaría principalmente a las Comunidades Autónomas que no tienen su propia tarifa de impuestos y a los no residentes que utilizan la tarifa estatal. Aquellas Comunidades con tarifas propias no se verían afectadas.
  2. Supresión definitiva de la bonificación del 100%: Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la supresión definitiva de esta bonificación, la consecuencia sería que la bonificación del 100% estaría en vigor en los años 2021 y posteriores. Esto requeriría que la Administración devolviera completamente el impuesto pagado en esos ejercicios.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en una sentencia anterior relacionada con la plusvalía municipal, solo podrían beneficiarse de la declaración de inconstitucionalidad aquellos contribuyentes que hubieran impugnado sus liquidaciones o solicitado la rectificación de sus autoliquidaciones antes de la fecha de la sentencia.

En consecuencia, el actuar contra una autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2021 o 2022 conlleva directamente a que se interrumpa la prescripción del impuesto. Por lo tanto, debe valorarse si el resultado de una eventual sentencia favorable del TC justifica o no la interrupción de la prescripción y, por tanto, la prolongación en el tiempo de la capacidad de comprobación por parte de la Administración tributaria.

Recomendaciones y Reflexiones Finales

Ante la posibilidad de una declaración de inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio, es importante que los contribuyentes consideren la opción de impugnar las declaraciones del impuesto presentadas en los ejercicios 2021 y 2022 si no desean ver interrumpida la prescripción tributaria. Sin embargo, esta decisión debe ser evaluada cuidadosamente en función de las circunstancias individuales de cada contribuyente, ya que impugnar una autoliquidación también puede implicar la interrupción de la prescripción del impuesto y un posible proceso legal prolongado.

En definitiva, el debate en torno al Impuesto sobre el Patrimonio en España continúa, y la resolución del Tribunal Constitucional tendrá un impacto significativo en la política fiscal del país. En este sentido, los contribuyentes del Impuesto deben considerar cuidadosamente sus opciones y buscar asesoramiento legal si desean impugnar sus autoliquidaciones en caso de que la inconstitucionalidad sea declarada.