Una cuestión que suele suscitar controversias en el seno de la empresa familiar es la política de dividendos y retribuciones de los administradores. Suele ser habitual que en la empresa algunos miembros de la familia desempeñen cargos ejecutivos y perciban una remuneración, sea vía salario o como administradores según el caso. El problema surge cuando no todos los socios familiares son a la vez trabajadores o administradores y existen ciertos miembros de la familia que no perciben rendimiento alguno basado en una contraprestación por el trabajo.
En estas situaciones tiene fundamental importancia la política de dividendos de la compañía, pues de ella dependerá que los miembros no trabajadores perciban algún rendimiento de la empresa familiar mediante el reparto de beneficios.
Se suelen suscitar divergencias entre los familiares trabajadores, que en muchos casos prefieren reinvertir el beneficio para el crecimiento de la compañía, con los familiares no trabajadores, más proclives al reparto del beneficio, pues es su única forma de monetizar su participación en la empresa. Esta segunda visión se puede considerar “cortoplacista”, pues se antepone la liquidación del beneficio a la reinversión, pero en ocasiones mitiga situaciones injustas en beneficio de los socios trabajadores.
¿Reinvertir en la empresa o repartir dividendos?
De acuerdo con el Instituto de Empresa Familiar, el 60% de las empresas familiares priman la reinversión sobre el reparto, pues es muy común que exista un mayor compromiso con la empresa que en sociedades no familiares y una mayor implicación de los socios o accionistas. Sin embargo, conforme van entrando nuevas generaciones y la empresa va creciendo, la tensión entre la reinversión y el reparto se puede acrecentar.
La Ley de Sociedades de Capital ha pretendido fijar un reparto de dividendos mínimo de un tercio del beneficio operativo, pero esta disposición legal tampoco resuelve el problema de fondo e incluso puede llegar a ser fuente de mayores conflictos, pues faculta la separación de socios si los repartos no cumplen con esos mínimos y obliga a un reparto que puede perjudicar, en algunos casos, los intereses empresariales.
A todo esto, se le añade la cuestión fiscal, pues el reparto de beneficios obviamente obliga a los socios a tributar y existe cierta tendencia a acumular reservas que, en muchas ocasiones, se gestionan de forma ineficiente y con más criterios patrimonialistas que empresariales. Es bastante común que dentro de la empresa familiar se realicen inversiones no directamente relacionadas con el negocio sino de un carácter más patrimonial, sobre todo, inversiones inmobiliarias que en otras ocasiones y de forma más acertadas se vehiculan a través de una sociedad filial o hermana de la empresa que gestiona la actividad.
Fórmulas para fijar la política retributiva y de dividendos en la empresa
Es fundamental, como vemos, fijar de antemano una política retributiva de los familiares que trabajen en la empresa y fijar una política de dividendos de la propia compañía, para evitar tensiones que puedan poner en riesgo la continuidad de la empresa e incluso llevar a situaciones de bloqueo entre socios o administradores nada deseables.
En cuanto a las políticas de dividendos han de ser capaces de conjugar los intereses de la compañía y su posible necesidad de realizar inversiones, o de fortalecerse financieramente mediante reservas, con los legítimos intereses de los socios de recibir un rendimiento por su condición de socios.
Hay que intentar, sea mediante pactos de socios o protocolos familiares, que son los instrumentos más comunes, fijar una política de dividendos que evite conflictos y sea capaz de contentar a los socios sin desatender las necesidades de la empresa. Obviamente estas políticas se deben revisar y renovar, pues no son las mismas las necesidades en un momento inicial de la compañía, en el que todos los socios probablemente trabajen y haya una sola generación propietaria del negocio, que las de una sociedad de cuarta o quinta generación.
Es muy recomendable consensuar dichas políticas y plasmarlas por escrito, pues es una de las cuestiones que mayor conflictividad genera. Se deberán fijar unos parámetros mínimos y se puede dejar una parte abierta a discutir anualmente, siendo también deseable fijar las bases y tiempos para la modificación y revisión de tales acuerdos.
